Julie Catherine Nieto Cortés fue asegurada con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria por el delito de estafa agravada en grado de tentativa en la calidad de autor, responsable a título de dolo.
La captura se realizó en flagrancia este 11 de septiembre, cuando la abogada recibía un dinero que había solicitado, a nombre de una juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Bogotá.
Supuestamente, la exigencia económica era de 120 millones de pesos, sin embargo, el primer pago sería por 40 millones de pesos. Con este dinero se le daría la libertad condicional al arquitecto, excontratista y socio de los hermanos Nule, Héctor Julio Gómez González, actualmente condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá.
El dinero fue entregado por un supuesto familiar de la víctima en una cafetería del centro de la ciudad. Al salir del lugar, la mujer fue interceptada por servidores del CTI de la Unidad Delegada contra la Criminalidad Organizada, quienes le encontraron el dinero recibido minutos antes de las manos de un agente encubierto de la Policía Judicial.
Julio Gómez, denunciante y víctima dentro de este proceso, manifestó haber sido contactado por la abogada entre el 17 y 22 de julio del presente año, cuando recibió su visita en las salas de paso del Búnker de la Fiscalía.
La mujer es contratista de la Personería de Bogotá y se tiene conocimiento que fue abogada de Emilio José Tapia Aldana, quien actualmente está condenado por el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá.
Al momento de radicar las audiencias preliminares, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, solicitó reparto vigilado, a fin de impedir la manipulación que se hiciera sobre la asignación de las diligencias preliminares, como la legalización de interceptación de comunicaciones, legalización de agente encubierto y las audiencias concentradas.
El delito de estafa agravada en grado de tentativa se le imputó por las supuestas influencias que la abogada decía tener con el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para ofrecer sus servicios.
En audiencias concentradas, realizadas ante el Juzgado 2 con función de control de garantías, Nieto Cortés no aceptó su responsabilidad.
Esta abogada penalista se expone a una condena de 4 a 8 años y una multa de 50 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, se conoció que tiene antecedentes del año 2006, por una falsedad en documento privado por una defraudación al sistema financiero.
LMFO/MRC/DLBM