Un fiscal de la Unidad de Gaula de Bogotá presentó ante un Juez con función de control de garantías a dos hombres, uno de ellos patrullero de la Policía Nacional, quienes al parecer estarían implicados en el secuestro y extorsión de dos personas que estaban vendiendo un vehículo.
La investigación se relaciona con lo ocurrido el pasado 8 de febrero, en horas de mañana, en el barrio Villas del Madrigal de la localidad de Engativá, donde las víctimas fueron abordadas por dos hombres que se mostraron interesados en comprar el vehículo que tenía uno de los afectados. Mientras los supuestos compradores observaban el automotor, presuntamente hicieron subir a las víctimas al mismo y las esposaron.
Se conoció que los secuestradores se identificaron como integrantes de la Sijín y, al parecer, mantuvieron retenidos a los dos ciudadanos durante varios minutos, exigiéndoles la suma de $6´000.000 para dejarlos libres.
El vehículo fue interceptado por la Policía de Vigilancia de Engativá y se logró la captura en flagrancia del patrullero Jaime Stevens Hernández Ardila y del civil Brando Felipe Rodríguez Miranda.
En audiencias concentradas, ninguno de los procesados aceptó el delito de secuestro extorsivo agravado que les endilgó la Fiscalía. Por su parte, el juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Este resultado obedece a la priorización definida en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/ HOT / DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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