Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento intramuros a Wilson Andrés Zapata Morales, alias Wicho, luego de que una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caldas le imputara el delito de homicidio agravado.
En los hechos que se le atribuyen al investigado perdió la vida Carlos Andrés Ríos Torres. Estos ocurrieron el 18 de febrero último en el barrio San Sebastián de Manizales (Caldas), donde el hoy asegurado al parecer lo atacó por la espalda con un puñal.
Tras las indagaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, alias Wicho fue capturado con apoyo de la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas este hombre no aceptó los cargos imputados.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, Ríos Torres salió de su casa, y minutos después le avisaron a su madre que lo habían asesinado.
Al parecer, la víctima y su agresor tenían problemas y eran enemigos de tiempo atrás. La Fiscalía relató que según versiones de testigos el pasado 30 de diciembre Ríos Torres supuestamente hirió con arma blanca en la cabeza a alias Wicho, por lo que este, ocho días antes del crimen, lo habría perseguido para vengarse, pero no logró alcanzarlo.
La judicialización de Zapata Morales se da en cumplimiento del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad el esclarecimiento de los homicidios dolosos y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JLH/DLBM/CPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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