Atendiendo los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Henry Jarana Trujillo, María Cecilia Buitrago, José Wilmer Martínez González y José Fabián Valencia Carrillo.
Presuntos responsables de extorsión en Líbano y Villahermosa, Tolima.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por el ente acusador por los  delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado por darse para extorsión; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones por fabricación; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en julio de 2020, cuando los cuatro imputados, al parecer llegaron hasta las viviendas de los campesinos en zona rural de los municipios de Villahermosa y Líbano (Tolima), vistiendo uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas, portando armamento y cubriendo sus rostros con pasamontañas.

Se presume que, de esa manera e identificándose como miembros del ELN, exigían el pago de altas cantidades de dinero a cambio de no atentar contra las víctimas y los familiares.

Personal del grupo GAULA de la Policía Nacional logró la captura de los cuatro investigados en los municipios en mención, el 29 de diciembre, reciente.  Durante los operativos fueron incautadas armas de fuego, uniformes de uso privativo de las fuerzas armadas, pasamontañas y municiones.

Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos que afectan la seguridad ciudadana, dentro del direccionamiento estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

CLC/MG/JGS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.