Julio César Ávila de la Vega y Luwding Pacheco Perneth fueron enviados a la cárcel de manera preventiva por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, como presuntos responsables de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.

Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Pueblo Nuevo, de Caucasia (Antioquia) este martes 14 de febrero, cuando hombres armados dispararon contra dos policías que prestaban vigilancia en el sector.  En el ataque falleció el uniformado Edison Ferney Parra Cadavid, de 35 años de edad, y resultó ileso su compañero Elkin Darío Heredia Cartagena.

Minutos después la reacción policial permitió la captura en flagrancia de los dos procesados a quienes se les incautaron dos armas de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban. Se investiga si el atentado criminal fue ordenado por el GAO Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca antioqueño, como retaliación por la neutralización de uno de sus cabecillas conocido con el alias de Marihuano.

Avila de la Vega y Pacheco Perneth no se allanaron a los cargos imputados y fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros por el Juzgado Segundo Promiscuo de Caucasia (Antioquia), con funciones de control de garantías.

Un  día después de los hechos, el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado anunció el fortalecimiento del trabajo investigativo para contrarrestar el accionar de las organizaciones criminales contra la policía en varias regiones del país.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

LFML/CQ/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.