Un fiscal de la Estructura de Apoyo, adscrito a la Dirección Seccional de Bogotá, judicializó y obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas que al parecer conformaban el grupo delincuencial Michicotas, el cual estaría dedicado a la comercialización, distribución y venta de estupefacientes.
La investigación evidenció que la banda al parecer utilizaba varios inmuebles de un conjunto residencial en el barrio Usme Pueblo, en el suroriente de la capital del país, y que sus principales clientes eran menores de edad.
Siguiendo el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 trazado por el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, para combatir las redes de microtráfico, el CTI de Bogotá, en conjunto con el Batallón de Infantería No. 38 Miguel Antonio Caro del Ejército Nacional, realizó 8 allanamientos que permitieron materializar las capturas de los presuntos integrantes del grupo delincuencial.
Se trata de Blanca Lucía López, Yerli Carolina Cárdenas Cuervo, Brayan Camilo Gaviria Avendaño, Jonnth Anderson Sanabria Rodríguez, Yesus Sebastián Fonseca González, William Darío Sierra Cuellar, Hasbleidy Martínez Marín, Horacio Alejandro Galeón Vargas y Leidy Dayana Pulido López.
Además, en las diligencias se logró la incautación de un teléfono celular, dinero en efectivo, 410 papeletas de bazuco y marihuana lista para su comercialización.
En audiencias concentradas ante el Juzgado 11 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que ninguno de los procesados aceptó.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
LMFO/CCPH/DLBM/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
