Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías envió a la cárcel a Marlon Andrei Garro Betancur, de 22 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de su cuñado James Eduardo Saldarriaga Cano.
Los hechos por los cuales Garro Betancur es judicializado ocurrieron el pasado 9 de enero en la vereda La Granizo del municipio de Salgar (Antioquia), donde la víctima de 22 años, habría salido de su vivienda para verificar quién estaba lanzando piedras contra el inmueble de su padre. Allí el hoy procesado, al parecer, le disparó con arma de fuego, causándole la muerte.
Antes de fallecer, el joven habría alcanzado a decirle a su progenitor y varios de sus hermanos que el presunto responsable del hecho era su cuñado.
Asimismo, se logró establecer que los móviles del crimen estarían relacionados con una supuesta riña entre la hermana del investigado y un hermano del hoy occiso, en donde habría resultado lesionada la madre de la mujer, el 25 de diciembre de 2020.
Garro Betancur fue capturado este 16 de enero y no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Vida de Antioquia, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Estos resultados responden a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía hace pública está información por razones de interés general.
LFML/YR/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
