Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía durante la imputación de cargos contra José Francisco Gómez Garcés, alias el Mellizo; y Argenis Valenzuela Rivas, alias Paipa, presuntos integrantes de la banda Las Esferas, por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, un juez penal de control de garantías les dictó a los procesados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ninguno aceptó su responsabilidad. 

Según la investigación del ente acusador, los hoy imputados estarían cobrando extorsiones por sumas entre $100.000 y $150.000 quincenales a comerciantes y habitantes de los barrios Nueva Buenaventura y Gamboa, intimidándolos con amenazas de muerte contra ellos y sus familiares, así como con la advertencia de cometer atentados en los establecimientos comerciales y los empleados.  

El ente acusador determinó que la estructura Las Esferas fue creada en el año 2014 y se presume que delinquía al servicio de la organización criminal La Local.  

A partir del 2016, la banda criminal le puso precio a sus exigencias económicas, que van desde $50.000 hasta $1’000.000, de acuerdo con las características de los negocios y los ingresos de las víctimas.  

En septiembre último cinco personas más, presuntas integrantes del grupo delictivo, fueron enviadas a la cárcel, luego de su captura por parte de servidores del CTI y unidades del Gaula de la Policía.  

Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.  

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.  

JGPV/FM/DLBM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.