El 12 de febrero de 2019 en la vereda Santa Rita del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, fue asesinado con arma de fuego Sebastián Montoya Cano, de 25 años.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima fue ultimada, porque al parecer se apropió de la suma de 1 millón 200 mil pesos que le fueron entregados para la compra de estupefacientes.

Los investigadores establecieron que Montoya Cano supuestamente fue llevado con engaños hasta el lugar del crimen por dos hombres en un vehículo particular, el cual prestaba el servicio de transporte público, a través de una plataforma digital.

Por esos hechos fueron   cobijados con medida de aseguramiento intramuros Mateo Tejada Ramírez, de 25 años, y Óscar Diego González Ramírez, de 37 años, por los delitos homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, a los cuales no se allanaron.

Ambos procesados fueron capturados este lunes 22 de febrero en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional.

Es de aclarar que Alias Mateo estaba en el cartel de los más buscados por la Policía Nacional en el citado corregimiento y había una recompensa de 20 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Estos resultados hacen parte de la estrategia dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

LFML/ PAME/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.