Los hoy imputados se movilizaban en una motocicleta.

Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de Jhon Eison Ipia, y Jhon Anderson Cuetia Campo, presuntos responsables de tráfico de armas de uso privativo, en el municipio de Piendamó (Cauca).

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 26 de enero reciente, cuando personal de Ejército Nacional capturó en flagrancia a los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y supuestamente, llevaban consigo un fusil calibre 5,56, un proveedor para el mismo con 28 cartuchos; una pistola, un proveedor para la misma con 6 cartuchos; un carriel que contenía 23 cartuchos calibre 38, tres estopines eléctricos, 2 teléfonos celulares, 16 volantes pequeños alusivos a la columna móvil Dagoberto Ramos; 1 radio de comunicaciones, 1 libreta de apuntes y dinero en efectivo.

Asimismo, las labores de policía judicial le permitieron establecer a la Fiscalía que la motocicleta en que se movilizaban los hoy imputados figuraba como hurtada.

En las audiencias preliminares, el ente acusador formuló imputación de cargos en contra de los capturados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; así como receptación y fabricación, tráfico, porte, o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, o municiones.

Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la seguridad ciudadana enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.

La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general. 

MAP/MP/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.