La Seccional Boyacá de la Fiscalía judicializó a dos hombres quienes, en casos aislados, habrían asesinado a dos personas durante riñas ocurridas en Tunja.

El primer implica a Jhonathan Stywar González Vargas a quien la Fiscalía imputó como presunto responsable del delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado por el procesado. En este caso un juez de control de garantías acogiendo la solicitud del fiscal cobijó a González Vargas  con medida de asuramiento en establecimiento carcelario.

Las acciones de González Vargas habrían sido realizadas en medio de una riña entre su hermano menor y la víctima mortal. Según se precisa la disputa obedeció a un reclamo por la pérdida de unos elementos de trabajo. El procesado hirió con un arma cortopunzante a quien agredió a su hermano, causándole la muerte. Tras los hechos el imputado se presentó voluntariamente ante el CTI de Tunja Boyacá.

El segundo caso está relacionado con un acto de intolerancia en el que, presuntamente Jorge Luis Acuña, presuntamente, atacó con un arma blanca a un hombre a quien le causó la muerte con quién habría tenido problemas de convivencia anterioridad.

Jorge Luis Acuña  fue judicializado, como presunto responsable del delito de homicidio y fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Estas acciones obedecen al cumplimiento de en los objetivos del Direccionamiento Estratégico 2021-2024 propuesto por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que busca el esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía habla con resultados

MRB/MAGA/MC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.