El Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí (Antioquia), con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en el lugar de domicilio contra Johan Esteban Miranda Álvarez y Cristián Camilo Correa Botero, de 34 y 33 años respectivamente, como presunto responsable de exigir dinero a un comerciante de químicos en la ciudad de Medellín.
Los hechos investigados ocurrieron el 17 de mayo de 2019, cuando dejaron un panfleto extorsivo en las instalaciones de la empresa de la víctima.
Posterior a este evento, el comerciante continuó recibiendo llamadas y mensajes de texto de los hoy procesados, quienes se identificaban como miembros de un grupo delincuencial y le exigían la suma de 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y su patrimonio económico.
Miranda Álvarez y Correa Botero fueron capturados este lunes 18 de enero en el barrio Trinidad de Medellín y el vecino municipio de Girardota, respectivamente, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional.
Por estos hechos, ya están condenados Yerman Cristopher Álvarez Henao, capturado por el CTI en situación de flagrancia en mayo de 2019 cuando se disponía a recibir un paquete que simulaba tener 80 millones de pesos, producto de la extorsión. Además de Jhon Luis Bahamón Granados, empleado de la víctima.
Esta investigación se adelanta bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación de combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
NAMT/GV/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
