John Jairo Quijano Gómez fue privado de la libertad por decisión de un juez penal de control de garantías, luego de avalar la imputación de cargos que la Fiscalía le hizo como posible autor material de los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa; trafico, fabricación, y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.
Quijano Gómez no aceptó su responsabilidad.
Las evidencias y el material probatorio de la Fiscalía permitieron establecer que durante una riña ocurrida el pasado 6 de octubre en un motel del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), Quijano Gómez y otro sujeto supuestamente agredieron a Yeiner Steven Obiluis Fonseca, de 20 años, a quien le habrían disparado con un arma de fuego dejándolo gravemente herido. Al parecer, luego le dispararon a Joan Miguel Ortiz Campos, de 23 años, quien fue trasladado al hospital Joaquín Paz Guerrero, donde falleció cuando recibía asistencia médica.
El imputado fue detenido por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación a principios de diciembre, con apoyo de agentes de la Policía Metropolitana (Mecal) mediante orden judicial.
Con relación al otro presunto implicado en el crimen, se estableció que salió del país, por lo que el ente investigador solicitará a Interpol la expedición de una circular roja en su contra.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
JGPV/AR/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
