Ante un juez con función de control de garantías la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a José Antonio Ariza, por los delitos de exacción de contribuciones en concurso con rebelión.

Ariza, quien no se allanó a los cargos, fue capturado por personal del Gaula de la Policía Nacional, en municipio de Arauquita (Arauca).

De acuerdo con la investigación, el asegurado quien al parecer hace parte del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) frente décimo Martin Villa, habría exigido la suma de treinta millones de pesos a un ingeniero contratista, para dejarlo terminar la construcción del colegio Gabriel García Márquez del municipio en mención. Los hechos se registraron en el año 2018.

José Antonio Ariza habría exigido la suma de treinta millones de pesos a un ingeniero contratista, para dejarlo terminar la construcción del colegio Gabriel García Márquez.

Asimismo, se estableció que este grupo armado con injerencia en el departamento de Arauca, estaría presuntamente dedicados a extorsionar, secuestrar y realizar otras acciones delictivas en contra de contratistas, comerciantes, transportadores y comunidad en general.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, el procesador fue enviado a la cárcel judicial de la ciudad de Arauca.

Estos resultados responden a la lucha contra los grupos criminales adelantadas por la Seccional Arauca en coordinación con la Policía Nacional, bajo el direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

MPHA/MG/JFEL

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.