El Juzgado 6° Penal del Circuito de la capital tolimense ya había tomado la decisión en primera instancia, luego de que la Fiscalía hiciera la respectiva solicitud al considerar que no hubo comisión de tal delito por parte del gerente y el exjefe de la Oficina Jurídica.
En el Palacio de Justicia de Ibagué (Tolima), un fiscal de la Unidad de Administración Pública logró que el Tribunal Superior de esa ciudad confirmara, en segunda instancia, la preclusión de la investigación que había en contra del director general de Cortolima (Corporación Autónoma Regional del Tolima), Jorge Enrique Cardoso Rodríguez; y el exjefe de la Oficina Jurídica, José Francisco Montufar, por el delito de prevaricato por acción, a raíz de la denuncia instaurada en su contra por la multinacional AngloGold Ashanti Colombia (Agac).
Los hechos ocurrieron en el año 2013, cuando la multinacional Agac estaba realizando unos trabajos en zona rural de Doima, en Piedras (Tolima), y la Corporación decidió detener las labores al considerar que estas no coincidían con las que ellos habían informado, y para las cuales se le había otorgado el permiso, como autoridad ambiental.
Según Cortolima, el permiso era para estudios de suelos mas no para exploración de agua subterránea, en lo cual emplearon varias técnicas, que de acuerdo con los expertos de la Corporación, generaban actividades atípicas de explotación que ponían en riesgo la zona.
Fue por tal razón que la multinacional denunció a los funcionarios responsables de emitir la resolución que ordenó la suspensión de las actividades para las cuales ya les habían dado el aval, considerando que no procedía y que estaban pasando por encima de la ley.
Sin embargo, la Fiscalía a través de peritos expertos en ingeniería civil, y otras disciplinas y áreas, logró demostrar que la Corporación sí tenía la razón.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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