Por solicitud del fiscal 216 de la Unidad de Ejecución de penas, la Juez 16 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, sentenció a cuatro años de prisión domiciliaria a tres integrantes de una red que cobraba dinero al Gobierno Nacional, con la presentación de falsas víctimas de desplazamiento forzado.
El fiscal del caso demostró que los condenados mediante la utilización de tutelas obtuvieron de la Oficina de Acción Social de la Presidencia de la República más de 8 mil millones de pesos, entre 2005 y 2011.
La investigación estableció que los encartados cobraban la suma de 40 mil pesos por incluir a personas en las listas de desplazados y una vez se lograban la asignación del dinero, se apoderaban del 10 por ciento de la suma percibida.
Interceptaciones telefónicas y seguimientos develaron el modus operandi de dos cooperativas integrales que funcionaban en Bogotá y Villavicencio(Meta), donde eran reclutadas e instruidas quienes serían incluidos en las listas para presentar ante la mencionada oficina.
Igualmente, las autoridades judiciales comprobaron que esas cooperativas inscribían como víctimas de desplazamiento forzado a familiares y amigos reclutados por intermedio de los presidentes de juntas de acciones comunales de algunos barrios de las ciudades citadas.
A los sentenciados identificados como: José Adenis Vega Olaya, Herbert Sánchez Morales y Nubia Narváez Díaz, la Fiscalía los acusó por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y concierto para delinquir.
La juzgadora ordenó al Inpec trasladar desde la cárcel a sus residencias a los condenados, quienes, además, pagarán 48 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada uno.
