El homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas por territorios de distribución de alucinógenos.

Una investigación liderada por un Fiscal URI de la Seccional Boyacá permitió que en tiempo récord fuera esclarecido el asesinato de un ciudadano venezolano. El trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía Departamental de Boyacá fueron capturados dos hombres, presuntamente, implicados en el asesinado de Ángelo Daniel Escobar Iriarte en hechos ocurridos el 20 de enero pasado.

Los tres extranjeros fueron capturados por la Policía departamental de Boyacá en el municipio de Sogamoso dónde se ocultaban luego de cometer el crímen

Los capturados, también de nacionalidad venezolana fueron identificados como Carlos Luis Martínez Acevedo, alias Chucherías, y Jhon  Alert Delfin Díaz. Según las investigaciones del caso Martínez habría sido quien accionó el arma de fuego que terminó con la vida de Escobar Iriarte.

Por su parte, Delfín Díaz, al parecer, era quien conducía la motocicleta en la que se transportaba, alias Chucherías, la misma en la que el supuesto homicida huyó del lugar, una vez consumado el crimen.

Estas dos personas fueron ubicadas y detenidas por unidades de la Policía Sijin de Boyacá en una vivienda en Sogamoso (Boyacá) a la que se habían trasladado un día después del homicidio.

En el operativo de allanamiento que permitió la aprehensión también fue capturado Juan José Betancourt Dugarte, y fueron incautadas dos armas de fuego, varios proveedores y más de 70 cartuchos para fusil.

Los tres hombres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 24 años, fueron presentados ante un juez de control de garantías quien legalizó los procedimientos de captura e incautaciones. Asimismo, atendió la solicitud de la Fiscalía de imponer media da aseguramiento en establecimiento carcelario.

El fiscal del caso imputó a los implicados como supuestos responsables de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hechos

El 20 de enero pasado en el municipio de Duitama (Boyacá) dos hombres asesinaron con arma de fuego a Ángelo Daniel Escobar Iriarte y luego emprendieron la huida en una motocicleta.

Según las indagaciones preliminares el móvil del homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas por territorios de distribución de alucinógenos.

En el desarrollo de los actos urgentes se estableció la posible identidad y ubicación de los presuntos responsables del crimen. Dentro de las indagaciones se determinó, a través de fuente humana e interceptación de comunicaciones que, para evadir el accionar de las autoridades los agresores se trasladaron a una vivienda en el municipio de Sogamoso, lugar a donde arribaron las autoridades el 25 de enero para capturar a los dos supuestos implicados.

De acuerdo con la investigación, Carlos Luis Martínez Acevedo, habría llegado desde Sogamoso a Duitama con el fin de extender su actuar delictivo a ese municipio, por lo que venía amenazado a la víctima para que dejara de distribuir alucinógenos dicha zona. Al no atender su demanda Martínez Acevedo atentó contra la vida del hombre de 28 años de edad.

Este esclarecimiento hace parte de los objetivos del Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que busca aumentar el esclarecimiento de los casos de homicidio en el país. La Fiscalía habla con resultados.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

MRB/MAGA/MC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.