Ante el acervo probatorio y las evidencias recaudadas dentro de la investigación que le adelanta la Fiscalía General de la Nación, un menor de edad aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, daño en bien ajeno y terrorismo.
El proceso se relaciona con los hechos ocurridos el 11 de julio de 2018 en el corregimiento La Guayacana, en la vía Tumaco – Pasto (Nariño), donde fueron asesinados tres servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Los investigadores Willington Alexánder Montenegro Martínez, Duglas Dimitry Guerrero Medina y Yair Alfonso Montenegro Galindres se movilizaban en una camioneta por el kilómetro 47 de ese corredor vial, cuando fueron emboscados por cinco hombres del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Óliver Sinisterra, bajo el mando en ese momento de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho.
El ente acusador evidenció que el menor, al parecer integrante de ese grupo armado, habría participado en el crimen atacando el vehículo con fuego de mortero y armas largas.
El presunto menor infractor se encuentra internado en el Centro Especializado para Adolescentes Los Zagales, de Manizales (Caldas), a la espera de su sentencia.
Cabe anotar que este adolescente sería el segundo menor judicializado por los mismos hechos.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
