La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento intramuros contra Jhon Fernando Silva Úsuga, como presunto responsable de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de noviembre en el municipio de Bello (Antioquia), cuando fue herido con arma de fuego Aldair de Jesús Cueto Díaz, de 23 años, quien era supervisor de una empresa de vigilancia privada.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), la víctima habría sorprendido al procesado cuando sustraía 135 millones de pesos de un cajero electrónico ubicado en el parque principal de la citada población del Valle de Aburrá.
Se evidenció que después de un forcejeo, Cueto Díaz recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) establecieron que Silva Úsuga, empleado de la empresa Brinks de Colombia, habría sustraído una llave especial de la compañía para abrir el cajero y acceder al dinero.
El presunto victimario fue capturado por el CTI el pasado 5 de diciembre, durante un operativo en el que se le incautó un arma de fuego sin permiso para porte.
El procesado sólo aceptó cargos por el porte ilegal de armas.
La investigación se adelanta bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, de combatir los delitos contra la vida y contra el patrimonio económico.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
LFML/MG/CD
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
