A 23 meses de prisión fue condenado Víctor Alfonso Ríos Blandón por el delito de maltrato animal que le imputó un fiscal del Grupo Gelma, adscrito a la Seccional Caldas. La sentencia se deriva de lo ocurrido el 19 de diciembre de 2018, cuando el procesado le causó varias heridas con arma blanca a Terry, un perro de raza Pitbull, en la vereda El Guamo de Manizales (Caldas).
Los testimonios indican que Ríos Blandón salió de su casa llamando a su madre y esta no lo atendió enseguida porque se encontraba con una vecina, la dueña del canino. Como la mujer no le prestó atención, el hombre se enfureció y comenzó a rozar un machete en el piso y a gritar. Luego, los hijos de la vecina salieron a ver qué pasaba y dejaron la puerta abierta; fue entonces cuando Terry se salió y empezó a ladrarle al hoy condenado.
De inmediato el hombre se abalanzó sobre el perro y le cortó la cara con el machete, provocándole una gran herida en el hocico y la boca. El canino tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro veterinario donde lograron salvarle la vida, aunque como consecuencia de la agresión Terry no pudo alimentarse adecuadamente durante 15 días.
En cumplimiento del Direccionamiento Estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien definió este delito como una prioridad, la Seccional Caldas continúa trabajando de manera contundente para judicializar a los responsables de afectar la salud e integridad de los animales.
Aunque el hoy condenado fue capturado el mismo día de los hechos, quedó en libertad y nunca compareció a las audiencias.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JLH/DLBM/JJCM/AG.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
