Jeimy Paola Andrade Perdomo e Ingrid Katherine Andrade Perdomo, madre e hija, respectivamente, fueron condenadas por tentativa de homicidio agravado. Los hechos se presentaron el 13 de abril del año 2017 en Ibagué (Tolima) siendo víctima una adolescente de 17 años de edad. 

Jeimy Paola, fue sentenciada en calidad de cómplice y deberá purgar una condena de 6 años y 3 meses de prisión; y por ser madre cabeza de familia le fue concedida la prisión domiciliaria. Ingrid Katherine, considerada autora material, deberá cumplir una pena de 12 años y 6 meses en centro carcelario. 

Las dos mujeres fueron capturadas en Cali en octubre del año 2019. 

Los hechos  

Los hechos ocurrieron cuando la víctima iba en compañía de su hermana, también menor de edad, rumbo al barrio Bosque parte baja de Ibagué, y fueron sorprendidas por las mujeres atacándola con arma blanca. La hermana de la víctima trató de intervenir, pero también resultó herida una de sus manos.

Finalmente, una de las jóvenes fue herida en varias oportunidades al punto de ver comprometidos varios de sus órganos vitales. La atención oportuna en un centro asistencial permitió que fuera estabilizada. 

Las sospechosas huyeron de la ciudad refugiándose en la capital vallecaucana, pero gracias a la información suministrada por las afectadas se logró su judicialización. 

Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, “En la calle y en los territorios” en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana. 

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.  

PAAM/MAGA/JGSG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.