Un despacho seccional de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación en el Tolima, imputó cargos y logró medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Henry Torres Hernández, alias Barbado y Yamid Andrés Rubio Sierra, alias el Gordo. Los dos hombres son considerados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Los hechos ocurrieron el 1 de junio del año 2019 en horas de la noche en el polideportivo del barrio Miramar de Ibagué. Según se dio ha conocido, en dicho lugar, al parecer, se encontraba un grupo de personas entre ellas los judicializados quienes, supuestamente, disiparon contra Fabián Andrés Saavedra, alias Licimaco y Andrés Ricardo Cortés Durán, alias Anemia, quienes murieron producto de las heridas causadas.
Durante las audiencias de rigor el Ministerio Público respaldó la solicitud de la Fiscalía relacionada con la necesidad de cobijar a los dos implicados con medida intramuros en cárcel, esto debido a la gravedad y modalidad de la conducta. Así, se dispuso que los implicados fueran enviados a la cárcel Coiba Picaleña de la capital tolimense.
Todas las decisiones quedaron en firme.
Los hoy procesados fueron detenidos en una labor conjunta entre investigadores del CTI y la Policía Nacional.
Estos resultados se dan en cumplimiento al Direccionamiento Estratégico 2020-2024 de la Fiscalía General de la Nación, que prioriza las investigaciones sobre delitos contra la vida y la seguridad ciudadana.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
PAAM/MAGA/DMNF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
