Por solicitud de un fiscal de la Seccional Cundinamarca, el Juzgado 8 Penal Municipal de Garantías de Santa Marta (Magdalena) profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia, en contra de una ciudadana presuntamente relacionada con la violación a datos de seguridad a clientes de entidades bancarias.
En este caso, a la procesada Luz Eladia Barrios Barraza se le imputó el delito de hurto por medios informáticos y semejantes agravado, por hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2009 en una entidad financiera, desde donde, superando las medidas de seguridad informática, le fueron hurtados a un hombre de la tercera edad la suma de $2.200.000.
La víctima, quien para la época de los hechos tenía 62 años, indicó que a través de dos trasferencias le hurtaron $1’500.000 y luego $700.000.
Por su parte, la Unidad de Protección de la Información y de los Datos, adscrita a la Seccional Cundinamarca halló elementos materiales probatorios que comprometerían a la capturada con las transferencias irregulares entre cuentas de la misma entidad bancaria.
Por ejemplo, indica la investigación que la indiciada habría aperturado ocho días antes una cuenta bancaria adonde llegaron estos giros.
Señaló el fiscal del caso que, el mismo día de los traslados ilícitos, fue retirado el dinero mediante transacciones tipo Pinpad, es decir, con un dispositivo electrónico habitualmente utilizado para realizar transacciones con tarjetas de crédito o débito. Después de cometido el delito, la cuenta nunca más fue utilizada.
Ante la contundencia de la investigación, la mujer aceptó los cargos imputados y el juzgado impuso la medida restrictiva de la libertad.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
CMRM/DRC/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
