La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca, judicializó a Luz Miryam Hortúa Salcedo por los hechos en los que resultó gravemente herida una juez de la República y su asistente, en momentos en que realizaban una diligencia civil sobre un inmueble objeto en un proceso de sucesión en el municipio de Choachí (Cundinamarca).
Las víctimas, acompañadas de su equipo judicial y de uniformados de la Policía, fueron supuestamente agredidas de manera violenta por la procesada, con el fin de impedir la imposición de los sellos y guardas como medidas preventivas cautelares.
“El cerrajero contratado abre la puerta y de inmediato sale de la casa la señora con sus dos hijos, ambos mayores de edad y armados con un azadón y una varilla arremeten contra la Policía”, indicó el fiscal al contextualizar la imputación de cargos.
Al mismo tiempo, la procesada se habría abalanzado contra la secretaria de la diligencia y la tomó del cabello, la lanzó al piso y al parecer le propinó golpes en la cara y arañazos en su el rostro. Luego se presume que le rompió la cámara de video con la que la que se grababa el momento.
Por su parte, la señora juez al observar lo que ocurría, intentó persuadir a Luz Miryam Hortúa para que cesara el acto de violencia y esta, por el contrario, presuntamente la atacó en la cara en repetidas ocasiones. Por esta razón Medicina Legal le certificó una incapacidad de 5 días tras la gravedad de las heridas.
En consecuencia, la mujer fue capturada en fragancia. Ante el juez promiscuo municipal de Fómeque (Cundinamarca), la Fiscalía le imputó el delito de violencia contra servidor público en concurso homogéneo y simultáneo, toda vez que fueron dos víctimas.
La procesada permanece en libertad, pero continúa vinculada a la investigación.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
CMRM/AL/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
