Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos en contra de Rocío Cabrera Díaz, como presunta responsable de transportar un mico bebelechero, sin la autorización ambiental correspondiente.
Los hechos se registraron en la vereda Las Palmas, corregimiento de Fenicia, jurisdicción del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), durante una acción de control y vigilancia de la Policía Nacional.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la hoy imputada se movilizaba en un vehículo particular, donde las autoridades hallaron en un bolso un mico bebeleche o mono pichico, por lo cual se procede a incautar al animal, y se captura a la ciudadana en flagrancia.
En las audiencias concentradas, el ente acusador formuló imputación de cargos en contra de la capturada por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
El juez impartió legalidad al procedimiento de captura de la hoy imputada, al tiempo que avaló la imputación de cargos realizada por la Fiscalía.
La mujer no fue objeto de medida de aseguramiento, sin embargo, continúa vinculada al proceso.
Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra los recursos naturales y el medio ambiente, enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/MG/SMLR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
