Los procesados César Fredy Ibarra Henao, José Herlán Gómez Ruiz y Héctor Fabio Asprilla Valencia fueron enviados a la cárcel con medida de aseguramiento por el Juez Segundo Penal de control de garantías de Buenaventura (Valle del Cauca), por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas, accesorios, partes y municiones. Ninguno aceptó su responsabilidad.

Según la investigación, la llamada de un vecino al cuadrante de la Policía del barrio Nueva Colombia, en esa ciudad, el pasado 9 de enero, advirtió la presencia de tres hombres sospechosos en la carrera 63 con calle 25, que al parecer esgrimían armas de fuego. 

Los investigados fueron detenidos en el barrio Nueva Colombia de Buenaventura (Valle del Cauca), cuando al parecer portaban armas de fuego.

Al llegar los uniformados al sitio, uno de los hoy asegurados supuestamente les apuntó con un revólver calibre 38. Los policías debieron utilizar sus armas de dotación y realizaron disparos de advertencia. 

Los indiciados emprendieron la fuga y lanzaron un arma de fuego al suelo; sin embargo, otra patrulla los interceptó y, durante el registro, a uno de los hombres le hallaron entre la ropa otro revólver calibre 38. Las autoridades les decomisaron además de las armas, 12 cartuchos y 7 teléfonos celulares.   

Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. 

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.  

JGPV/ FV/ DLBM. 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.