Bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos fueron afectados con fines de extinción de dominio.
Como parte de la acciones investigativas definidas en la operación ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre seis bienes que pertenecerían a los cabecillas de una organización narcotraficante.
El rastreo financiero realizado puso en evidencia las maniobras a las que habría recurrido esta red ilegal para ocultar los recursos que obtenía por la salida de clorhidrato de cocaína por los puertos del Caribe colombiano. En algunas oportunidades, compraron propiedades que, supuestamente, usaron para acopiar el estupefaciente.
Se destaca una finca de 25.000 metros cuadrados, ubicada en la vereda Cañabrava – Aguaprieta de Turbaco (Bolívar), donde fueron incautados 439 kilogramos de cocaína en 2020. Los demás bienes inmuebles afectados están localizados en Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar).
De acuerdo con los elementos de prueba, la estructura impactada estaría conformada por 10 personas, quienes serían las responsables de la logística necesaria para camuflar cocaína entre contenedores que salían hacia los puertos de Holanda y Francia, en Europa; y de Guatemala y otros países de Centroamérica.
Los señalados integrantes de esta red tendrían nexos con el ‘Clan del Golfo’. Todos enfrentan procesos penales por diferentes eventos relacionados con el envío de cargamentos de droga y movimientos de altas sumas de dinero entre 2018 y 2020 en Cartagena y carreteras de la Costa Atlántica.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados. MAGA/JARG/PSY/MCRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
