Las investigaciones indican que, al parecer, aprovechaba que era la administradora de las copropiedades para desviar los recursos.
Investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron en Pitalito (Huila) a una mujer señalada de apropiarse de dineros de conjuntos residenciales en Bogotá, entre 2019 y 2021. Mediante esta actividad ilícita habría generado pérdidas por $250’000.000 a dos copropiedades y se indaga su posible participación en otros 14 casos.
Esta persona, al parecer, se presentaba como administradora de empresas con especialización y cursos de diferentes universidades, y 20 años de experiencia en asuntos de propiedad horizontal. El material probatorio permitió conocer que los títulos serían falsos.
Varios conjuntos residenciales creyeron en la trayectoria que decía tener la mujer y la contrataron como administradora. En el ejercicio del cargo, supuestamente, se apoderó de dineros, a través de diferentes maniobras. En algunas oportunidades habría omitido los pagos a los empleados y proveedores, o los hacía parcialmente. Asimismo, hay indicios de que se incluyó en la lista de acreedores para transferir virtualmente a su cuenta bancaria diferentes sumas que no correspondían a sus honorarios.
Para intentar ocultar el actuar ilícito, al parecer, adulteró cuentas de cobro y facturas, y modificó las autorizaciones bancarias para evitar que los revisores fiscales o contadores detectaran el hurto. De esta manera, presuntamente, desviaba a su favor entre 10 y 16 millones de pesos mensuales.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá imputará a la detenida los delitos de hurto calificado, hurto agravado, uso de documento falso, falsedad en documento privado, y destrucción o supresión de documento privado agravado.
Este resultado investigativo se obtiene 30 días después de haber recibido las denuncias de las copropiedades afectadas.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/JR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
