Las propiedades afectadas superarían en valor los 64.500 millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cuatro inmuebles y cinco vehículos cuyos propietarios serían Jaime Hernán Velásquez Hernández, alias El Viejo; y Héctor Armando Ortega Paredes, alias Leo, presuntos cabecillas de una red que sacó estupefacientes del país en vuelos chárter.
Las diligencias de ocupación se cumplieron gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA y el Ejército Nacional en El Cerrito y Palmira (Valle del Cauca).
Los bienes afectados superarían en valor los 64.500 millones de pesos. Los rastreos financieros indican que habrían sido adquiridos con dineros producto del envío de cargamentos de cocaína en vuelos chárter a contactos del cartel mexicano de Sinaloa en Centroamérica.
Las investigaciones contra esta estructura permitieron conocer que entre sus integrantes estaban dos controladores aéreos que, al aparecer, facilitaban el tránsito de las aeronaves cargadas con droga por los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), Santa Ana (Cartago) y Gerardo Tobar López (Buenaventura).
Esta importante acción contra el patrimonio ilícito de las organizaciones narcotraficantes responde a los lineamientos definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MAGA/JARG/PSY/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
