Este es el primer resultado del Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI), creado recientemente por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
El Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI), adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, propinó un duro golpe al patrimonio ilegal del Frente de Guerra Nororiental del ELN.
Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fueron identificados y afectados con fines de extinción de dominio 438 bienes, entre inmuebles, muebles y semovientes que habrían sido adquiridos con dineros producto del narcotráfico y otras actividades criminales.
Las propiedades, cuyo valor asciende a 35.000 millones de pesos, estaban en cabeza de una red de presuntos testaferros, conformada por personas que posaban como grandes ganaderos o hacendados para darles apariencia de legalidad a los activos ilícitos.
Estos bienes fueron ocupados en Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca (Santander); Ocaña, Teorama y Convención (Norte de Santander); y La Gloria, Pelaya, Tamalameque y Río de Oro (Cesar), zonas de injerencia de Wilber Villegas Palomino, alias Carlos el Puerco, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN.
Los inmuebles y semovientes quedaron a disposición de la sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/AB/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
