Un fiscal de la Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, Sijín y Gaula, logró la judicialización de José Carlos Ramírez Torres, como posible responsable de la desaparición de su pareja Fanny Moreno Rojas.
Desde el pasado 8 de abril se desconocía el paradero de la víctima, quien fue vista por última vez en su residencia ubicada en el barrio La Estrada, localidad de Engativá en Bogotá, donde convivía con el hoy capturado.
Una vez la mujer fue reportada como desaparecida, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). Paralelo a esto, inició el proceso penal por desaparición forzada.
Las labores investigativas permitieron que el 12 de abril último fuera encontrado un cuerpo sin vida en una zona boscosa de la vereda Pueblo Viejo, vía Cota – Suba, el cual, tras los análisis respectivos por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue plenamente confirmando que se trataba de Fanny Moreno Rojas.
Este mismo día se hizo efectiva la orden de captura en contra de Ramírez Torres y, en audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó los delitos de desaparición forzada, feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos que no aceptó.
Por su parte, el juez 18 penal municipal de Bogotá, con función de control de garantías, le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al investigado, por solicitud del ente acusador.
La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso, en desarrollo de la estrategia de priorización, de esclarecer los hechos victimizantes contra mujeres y judicializar a los responsables, para que casos como este no queden impunes.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/JMMM/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
