Un fiscal de URI de Ciudad Bolívar en Bogotá judicializó a Robert Polanco Córdoba, quien presuntamente atacó con arma blanca a su ex pareja sentimental, mientras departían en la casa de ella. 

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre, cuando Polanco Córdoba llegó a la casa de la víctima, Angie Tatiana Idárraga Hernández, en el barrio San Carlos, en Bogotá. Estaban compartiendo unos tragos, y ella tomó el celular de su presunto agresor y al parecer se percató que había un mensaje de Whatsapp, en el que él supuestamente ofrecía la suma de un millón de pesos para matarla.  

Según lo establecido, la víctima le hizo el reclamo a su expareja y, en medio de una discusión que se generó, el hombre habría tomado un cuchillo y aparentemente le propinó varias heridas que le causaron la muerte. 

Además, se evidenció que Polanco había amenazado a la víctima, razón por la que ella lo denunció ante la Fiscalía el 1 de septiembre último. En esa época terminaron la relación que duró cuatro meses. 

Polanco Córdoba, quien fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos, no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por feminicidio agravado y quedó asegurado en centro carcelario, por disposición del juez. 

La investigación se desarrolla siguiendo los lineamientos trazados en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para judicializar a los responsables de hechos que atenten contra la integridad de las mujeres. 

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.  

LMFO/CFAC /DLBM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.