Ante un juez de control de garantías la Fiscalía General de la Nación judicializó a Balmes Jaimes Paz Peralta y Armando Rufino Fajardo Enríquez, como presuntos responsables de porte ilegal de armas de fuego, en el municipio de Calima – Darién (Valle del Cauca).
Un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y envió a la cárcel a los hoy imputados.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 10 de febrero pasado, en el barrio Obrero del municipio en mención, cuando dos hombres, quienes se movilizaban en un automóvil al parecer ante la presencia de las autoridades habrían lanzado un arma de fuego hacia un costado de la vía. Ninguno de los dos ocupantes tenía el permiso respectivo, por lo que fueron capturados en flagrancia.
Los uniformados incautaron un arma de fuego marca Heckler & Koch, calibre 9 mm; seis (6) cartuchos calibre 9 mm y el vehículo de placas CLY 429. Asimismo, se dispuso la suspensión del poder dispositivo del automotor incautado.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía formuló imputación de cargos contra los dos capturados, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado.
Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la seguridad ciudadana, enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/SMLR/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
