Como presuntos coautores de los delitos de hurto agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos, la Fiscalía imputó a Génesis María Orea Márquez, Yanitza González González, Eduardo Ramón Labrador Jiménez y Yetson Alexánder García Segovia, presuntos integrantes de la banda delincuencial Los del Mio.  

Un juez de control de garantías acogió los argumentos del fiscal del caso y dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, contra los procesados. Los dos hombres serán trasladados a la cárcel de Villahermosa y las mujeres serán remitidas al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, sur de Valle.

Estas personas fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Cali, en una estación del Sistema de Transporte Masivo – MIO, ubicada en la calle 5 con carrera 44, barrio El Lido, sur de la ciudad, luego de que varios ciudadanos los identificaran como los posibles responsables del hurto de dinero y teléfonos celulares a pasajeros, a través de la modalidad de cosquilleo, en la ruta E-21.

Algunos de los afectados se acercaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde presentaron sus denuncias en contra de los investigados, quienes, de acuerdo con lo evidenciado, supuestamente utilizaban las horas pico para cometer los hurtos.

Luego de la imputación, ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos que se les endilgaron.

Estos resultados responden a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía habla con resultados.

JGPV/LM/DLBM.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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