Fiscalía presenta primer informe después de la jornada de junio de 2017

La Fiscalía General de la Nación asumió un compromiso con la comunidad de Santander: profundizar en las investigaciones de los casos que han puesto en peligro los recursos públicos, especialmente los destinados a la atención de la infancia y los menos favorecidos. También,  indagar sobre las causas relacionadas con afectaciones al medio ambiente y llegar hasta las últimas consecuencias en los hechos de corrupción detectados.

Es así que la Fiscalía cumple y presenta los primeros resultados de la denominada ‘Operación Guane Fase 1’, de acuerdo con las denuncias y reportes recibidos el 13 de julio de 2017, en Bucaramanga, durante una jornada extraordinaria anticorrupción del plan Bolsillos de Cristal. En esa oportunidad fueron priorizadas 17 investigaciones.

Estos son los primero resultados de la “Operación  Guane Fase 1”:

  1. PAE

Hechos: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado problemas graves de corrupción, como el manejo irregular de los recursos.

En Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro millones de pesos ($23.844.912.000), en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.

En Septiembre del mismo año se realizó una adición de seis mil setecientos millones de pesos ($6.700.000.000) y posteriormente se presentó una nueva adición por cinco mil doscientos millones de pesos ($5.200.000.000), de tal manera que el valor total del contrato ascendió a treinta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro millones novecientos doce mil de pesos ($35.744.912.000).

Los dineros que, al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander.

Las investigaciones permitieron encontrar inicialmente las siguientes irregularidades:

Direccionamiento del contrato: el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente  definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.

Proveedores ficticios: el análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.

En las inspecciones fueron detectadas anomalías como:

  • Meta: en Acacías se formalizó un contrato por treinta millones de pesos ($30.000.000) con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.
  • Huila: en Tarqui contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por veinte millones de pesos ($20.000.000). Los investigadores constataron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en entrevista, señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató.

En Algeciras compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal.

En Suaza pagaron doscientos noventa millones de pesos ($290.000.000) a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras. La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

  • Tolima: en Rovira supuestamente fue contratada la Asociación Familia Proyecto Al Futuro, por sesenta millones de pesos ($60.000.000) para el suministro de frutas. Los dineros fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los señalados contratistas vinculados a la investigación.

–  Presentación de personal falso en la propuesta: el pliego de condiciones exigió un equipo mínimo de profesionales como requisito. Sin embargo, al verificar el personal presentado en la propuesta, se determinó que dos de los profesionales nunca tuvieron nexos laborales con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, ni la conocían.

Falsedades en la contabilidad: en la contabilidad aparecían gastos en marzo y abril cuando no se había celebrado el contrato. Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada.

Este contratista —la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada— y el interventor designado para el PAE en Santander asumieron el programara en los años 2016 y 2017, y se preparaban para contratar en el año 2018.

En total, el peculado por las irregularidades detectadas suma: dos mil ciento veinticinco millones quinientos ocho mil cuatrocientos ocho pesos ($2.125.508.408)

Resultados: por estos hechos, el reciente 17 de noviembre fueron capturadas las siguientes personas:

  • Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación Departamental de la Gobernación.
  • Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
  • Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada

Situación jurídica: las audiencias de control de garantías culminaron y el juez dispuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres procesados, a quienes la Fiscalía les imputó los siguientes delitos:

  • Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
  • Falsedad ideológica en documento público y privado.
  • Peculado por apropiación a favor de terceros.
  1. MANANTIAL DE AMOR

La Fiscalía capturó e imputará cargos a los servidores públicos y contratistas  que intervinieron en la celebración de contratos de obra y prestación de servicios en el municipio de Bucaramanga, con empresas relacionadas con la Iglesia Manantial del Amor.   

Hechos: para la época de la elección de alcalde Luis Francisco Bohórquez, personas cercanas a él, entre ellas familiares, constituyeron varias sociedades que lograron hacerse a varios contratos de la administración municipal y así accedieron a la contratación por un valor superior a quince mil millones de pesos ($15.000.000.000). Todas estas personas tenían en común ser feligreses de la iglesia Manantial de Amor.

Las empresas creadas recibieron la financiación de Leonardo Luna Escalante, quien tiene además vínculos de parentesco por afinidad con el alcalde Bohórquez y también es socio de la misma iglesia. Para poder contratar con el municipio, estas empresas fueron inscritas en Cámara de Comercio poco tiempo antes de la posesión del alcalde hoy investigado.

Luego de constituir las nuevas empresas, la administración del Alcalde Bohórquez procedió a contratarlas para que hicieran obras de reparación de parques, de instalaciones eléctricas y podas en áreas públicas, entre otros servicios.

En la contratación de estas cinco empresas presuntamente se dejaron de lado los principios de transparencia y selección objetiva, que ordena la ley, lo que habría beneficiado a algunos feligreses de esa iglesia. Las empresas contratistas presentaron propuestas con sobrecostos que excedían, por lo menos, un 30 por ciento a los del mercado y sin que estas personas jurídicas evidenciaran la experiencia requerida.

Se comprobó que en varias ocasiones los contratistas subcontrataban a Leonardo Luna Escalante, quien, como ya se dijo, habría servido como financiador para la constitución de las empresas relacionadas con la Iglesia Manantial de Amor. De igual manera, se confirmó que las cinco empresas investigadas coincidieron en la contratación de un mismo contador público para sus operaciones.

La Fiscalía pudo establecer que el método usado para contratar habría conducido a que solo concurriera un proponente a la licitación de estos contratos, con exigencias de experiencia ajustadas a los intereses de los integrantes de la Iglesia Manantial del Amor.

Resultados: por estos hechos son investigados:

  • Luis Francisco Bohórquez Pedraza, exalcalde Bucaramanga. Periodo 2012-2015
  • Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga
  • Andrea Liliana Parra Ramos
  • Uriel Ávila Méndez
  • Oscar Mauricio Benavidez Toloza
  • Leonardo Luna Escalante
  • Diana Isabel Murillo Vega
  • Carlos Andres Jaimes Suárez
  • Gloria Azucena Durán Valderrama
  • Fernando Díaz Garzón

Las personas involucradas fueron capturadas el día de hoy y serán inmediatamente presentadas ante un juez de control de garantías para formular imputación y solicitar la imposición de medida de aseguramiento por los delitos de:

  • Contratos sin cumplimientos de requisitos legales
  • Interés indebido en la celebración en los mismos
  • Peculado por apropiación
  • Falsedad ideológica en documento privado
  • Falsedad material en documento público
  1. EXGOBERNADOR AGUILAR

Hechos y situación jurídica: en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medidas cautelares sobre 32 bienes de propiedad real o aparente del exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, cuyo avalúo catastral asciende a seis mil setecientos sesenta y cuatro millones novecientos veinticuatro mil pesos ($6.764´924.000).

Con estas propiedades se busca garantizar recursos para resarcir parcialmente a las más de 40.000 víctimas reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exfuncionario por concierto para delinquir y lo responsabilizó de auspiciar la acción criminal del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC en municipios de Santander.

Mediante providencia del 1 de noviembre de 2017 (rad. 51528 – ponente: Fernando Léon Bolaños), la Corte Suprema de Justicia definió el mecanismo legal que debe seguirse en este caso.

  1. CONTRATO PURIFICADORA AGUA RÍO TONA

Hechos: el 18 de julio de 2015, se suscribió el contrato de obra civil N° 017 de 2015 entre la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga -AMB-, cuyo gerente general para el momento era Ludwing Stünkel García,  y el Consorcio Suratá 2015, representado legalmente por Aurelio Ignacio López Mier.

El objetivo era la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos y de la planta de tratamiento de lodos Bosconia, y la puesta en marcha del sistema de regulación del río Tona, que surtiría el embalse que abastecería a Bucaramanga. El costo del contrato fue de cuarenta y un mil seiscientos treinta y un millones quinientos siete mil trescientos veintidós pesos ($41.631.507.322).

Según la denuncia presentada por la actual gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano, el contratista realizó manejos indebidos a los dineros entregados como anticipo, que correspondió al 30% del valor total del contrato y sumó más de doce mil millones de pesos ($12.000.000.000). 

Durante la investigación se encontró, entre otros asuntos, que con ese dinero se hicieron pagos destinados a rubros que no estaban incluidos en el contrato.

Adicionalmente, el anticipo formalmente se entregó el 15 de noviembre de 2015, aunque se pagó 12 días antes.

Al revisar la documentación, los investigadores de la Fiscalía habrían establecido el suministro de papelería y productos agrícolas por parte de empresas que cumplían labores que no tendrían relación con la construcción de la plantas de tratamiento. Algunos de esos proveedores presuntamente emitieron facturas de pago y no prestaron el servicio, mientras que otros manifestaron que se les habría perdido la contabilidad del contrato relacionado.  

Las evidencias recopiladas indican que el gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano de la época, Ludwing Stünkel García, habría abierto una convocatoria para la adjudicación de este contrato con unos requisitos que solo podía cumplir el contratista Consorcio Suratá 2015, al que finalmente se entregaron  las obras.

Resultados: se  radicó solicitud de audiencia de imputación el 22 de noviembre de 2017, contra las siguientes personas:

  • Aurelio Ignacio López Mier, representante del consorcio Suratá 2015 y de Acciona Aqua S.A, será imputado por peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado.
  • Liliana Bohórquez Rueda, representante legal de Construvías de Colombia S.A. y quien también hace parte del consorcio Suratá 2015, deberá responder por peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado.
  • Ludwing Stünkel García, ex gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en julio de 2015, será procesado por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

La audiencia fue programada para el 11 de diciembre del presente año, a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Bucaramanga (Santander).

La Fiscalía General de la Nación está adelantando una segunda investigación relacionada con la construcción de la presa del acueducto del río Tona.

  1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PIEDECUESTA

Hechos: a finales de 2015, el entonces alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra Ayala, presentó el proyecto de acuerdo 020, mediante el cual pretendió cambiar el uso del suelo a 22 predios rurales para que se convirtieran en áreas suburbanas.

Durante los debates el Concejo Municipal no aprobó el proyecto. Sin embargo, el alcalde emitió el decreto 092 del 29 de diciembre de 2015, con el que permitió la modificación del uso del suelo. Este acto administrativo fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Santander, que compulsó copias a la Procuraduría para la investigación disciplinaria.

Resultados: la audiencia de formulación de cargos contra el exalcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra Ayala, está programada para el 19 de diciembre del presente año. La Fiscalía imputará el delito de prevaricato por acción.

  1. CASO PANACHI:

Hechos: se investigan presuntas irregularidades administrativas y financieras en el manejo de recursos desde 2007, fecha en la que se fue creada la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, a partir de la denuncia ciudadana sobre el destino de los ingresos al parque.

La Fiscalía avanzó en las siguientes líneas de investigación:

  • Bonificaciones: tres exdirectores ejecutivos recibieron beneficios económicos que no estaban aprobados por la junta directiva y que ascendieron a trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000). Por ejemplo, la señora María Eva Bermúdez Mateus, directora ejecutiva de la corporación, recibió en octubre de 2014, la suma de catorce millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos pesos ($14.637.600), por concepto de bonificación extralegal por mera liberalidad.
  • Préstamos onerosos irregulares:  la corporación habría adquirido préstamos de dinero con personas naturales por trescientos millones de pesos ($300.000.000),  sin la aprobación de la junta directiva y a tasas de interés más altas de las autorizadas por las autoridades bancarias. 
  • Parqueadero: se investiga la concesión del Parque del Santísimo sin haberse surtido los requisitos legales en la fase precontractual.
  • Ingreso de turistas: la Fiscalía investiga presuntos manejos irregulares en la contabilidad que no habrían permitido establecer con claridad si el número de visitantes al parque correspondería al registro real de las personas que ingresaron.

Resultados: el reciente 21 de noviembre, se radicó solicitud de audiencia de imputación  de cargos contra las siguientes personas:

  • Carlos Fernando Sánchez Aguirre, exdirector Corporación Parque Nacional de Chicamocha (Panachi), por el delito de peculado por apropiación.
  • María Eva Bermúdez Mateus, asistente de gerencia de (Panachi), por el delito de peculado por apropiación.
  • Daniel Enrique Valencia Gómez, exdirector ejecutivo de la entidad, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
  • Lucía Beatriz Alteiro Rincón, representante legal de Aparcando SAS. Deberá responder por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

Las audiencias se realizarán el 16 de enero de 2018, a las 11:00 a.m. en Bucaramanga.

  1. INVESTIGACIÓN METROLÍNEA

Respecto a la denuncia instaurada por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras del Sistema de Transporte Metrolínea de la ciudad de Bucaramanga, la Fiscalía archivó esta investigación tiendo en cuenta que no se encontraron deficiencias o fallas en la contratación.

  1. CASO DE CORRUPCIÓN FISCALES SECCIONAL MAGDALENA MEDIO Y POLICÍAS

Hechos: el 16 de noviembre del presente año, seis funcionarios fueron capturados en Aguachica (Cesar), por solicitud de la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Santander.

De acuerdo con los elementos obtenidos, hace cuatro años los hoy procesados habrían comenzado a exigir dinero a capturados o interesados en procesos penales que estaban a su cargo y, presuntamente, fijaban una tarifa según la gravedad del delito.

También hay indicios que los involucraría en la exigencia de dinero a transportadores de carga para no judicializarlos ni inmovilizar los vehículos, que transportaban hidrocarburos de contrabando, estupefacientes o recursos naturales por las vías aledañas a Aguachica.

Resultados: por estos hechos fueron capturados y afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario:

  • Eduardo José Caballero Baquero, fiscal seccional.
  • Rodrigo Pérez Manzini, fiscal local.
  • Luis Fernando Herrera Carrascal, fiscal seccional
  • José Luis Fonseca Halk, asistente de fiscal.
  • Alex Alberto Mejía Villamizar, comandante de Policía de Aguachica (Cesar)
  • Alexis Nieto Padilla, integrante de la Policía Nacional.

Los seis procesados fueron imputados por:

  • Concierto para delinquir
  • Concusión
  • Cohecho propio
  • Cohecho impropio
  • Prevaricato por acción y omisión
  • Tráfico de influencias
  1. CASO LA PRIMAVERA, BARICHARA:

Hechos: la Fiscalía conoció que durante 2010 y 2011, Israel Alonso Agón Pérez, entonces alcalde municipal de Barichara, gestionó la compra del predio La Primavera para la construcción de vivienda de interés social, por un valor de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000), sin contar con los estudios previos requeridos ni el avaluó de dicha propiedad.

El 28 de diciembre de 2011, a escasos tres días de la terminación del período como alcalde, Agón Pérez expidió la resolución N°1255, que permitió dividir y adjudicar el lote a 105 beneficiarios. Con este proceso obtuvo una ganancia de cuatrocientos sesenta y cinco millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($465.734.674).

En la investigación, la Fiscalía constató que el área escogida para el proyecto no tenía una extensión de 7 hectáreas como aparecía en los documentos. Apenas alcanzaba las 5 hectáreas. Adicionalmente, se justificó que los recursos obtenidos como ganancia por la venta de los lotes habrían sido utilizados para la construcción de redes de alcantarillado y mantenimiento de vías internas,  pero en las inspecciones se constató que la Urbanización La Primavera no tiene redes de alcantarillado.

Resultados: por estos hechos fueron capturados cuatro exfuncionarios:

  • Israel Alonso Agón Pérez, exalcalde de Barichara.
  • Pedro Felipe Mujica Mantilla, execretario de Planeación del municipio.
  • Jorge Eliecer Tasco Ardila,  gerente de  la Empresa de Servicios Públicos de Barichara.
  • Leandro Johanne Sanchez Silva, exsecretario de Planeación del municipio.

El 8 de septiembre del presente año, se realizó imputación de cargos y los cuatro procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria por los delitos de:

  • Urbanización ilegal
  • Interés indebido en la celebración de contratos
  • Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
  • Peculado por apropiación
  • Peculado por destinación oficial diferente
  • Falsedad material en documento público
  • Falsedad ideológica en documento público
  • Prevaricato por acción
  1. RELLENO SANITARIO, REDIBA

Hechos: la Fiscalía investigó los impactos ambientales que habría generado el tratamiento de las basuras y lixiviados en el relleno sanitario de Barrancabermeja, por parte de la Empresa de Servicio Públicos Rediba S.A.

En inspección judicial realizada entre el 28 y 31 de agosto de 2017, el CTI de la Fiscalía evidenció que los de residuos sólidos no eran manejados adecuadamente y originaban cuerpos de agua altamente contaminados por los líquidos que generan las basuras. Una situación que afecta la calidad del agua de la quebrada El Zarzal y la Ciénaga San Silvestre, área de especial importancia ecológica de la región (Acuerdo No. 181 de 2011).

Con las anomalías detectadas, Rediba S.A. y el Grupo RSTI S.A.S., operadores del relleno, habría provocado un irreversible desequilibrio ecológico con aguas subterráneas, afectaciones en el suelo, presencia de vectores como roedores, gallinazos, moscas y otros insectos, y contaminación del aire con la emisión de olores derivados de la descomposición de los residuos.

El relleno sanitario fue construido en una zona restringida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Barrancabermeja (Santander), que establecía que el área correspondía a suelo agropecuario y no podía destinarse para el manejo de basuras.

De otro lado, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), mediante acuerdo 226 del 30 de julio de 2013, otorgó licencia ambiental a Rediba S.A. E.S.P, y habría omitido las normas de protección y conservación del humedal Ciénaga de San Silvestre.

Las verificaciones de los investigadores de la Fiscalía evidenciaron que Rediba S.A. E.S.P. sobrepasó el área autorizada por la licencia ambiental y menoscabó la flora y la fauna, y rompió el equilibrio natural de un ecosistema de alta fragilidad.

Dentro del material probatorio se estableció la presunta comisión del delito de fraude procesal, otorgado a la representante legal de Rediba quien habría obtenido la licencia ambiental para el relleno sanitario con el argumento que iba a realizar la construcción de vías internas en el predio.

Resultados: el 20 de septiembre del presente año, la Fiscalía imputó cargos y solicitó  medida de aseguramiento contra Liliana Forero Cala, gerente de Rediba S.A., por los delitos de:

  • Daños en los recursos naturales
  • Invasión de área de especial importancia ecológica.
  • Contaminación ambiental.
  • Fraude procesal.
  • Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

A la investigada se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria con prohibición para salir del país.

Este resultado corresponde a la primera fase de esta investigación que está por concluir.

  1. TALA DE ÁRBOLES Y TRÁFICO DE MADERAS

Hechos: entre el 16 y 18 de noviembre de 2017,  la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, realizó una operación en los municipios de San Vicente de Chucurí, sector de pozo nutria, y El Carmen de Chucurí, con base en una denuncia presentada por la Oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en la que fueron señalados sitios de acopio ilegal de madera.

En las diligencias fueron capturadas 15 personas (11 con orden judicial y 4 en flagrancia), vinculadas a una organización criminal dedicada a la tala y comercialización de especies maderables.

Entre los detenidos hay un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien presuntamente se dedicaba a gestionar la expedición de permisos para la  movilización del recurso; un hombre conocido con el alias de Caporo, señalado de ser el cabecilla de la organización; además de comerciantes y transportadores de la madera.

Los investigadores constataron deforestación y explotación de especies finas como cedro, frijolito y nauno, utilizadas en la elaboración de pisos y muebles, entre otros. La madera era transportada en horas de la noche por integrantes de la organización criminal, quienes intentaban evadir los controles.

Resultados: se realizaron audiencias preliminares y se impusieron cinco medidas privativas de libertad (una en centro de reclusión y cuatro domiciliarias) y cinco medidas no privativas, que obliga a los procesados a comparecer y seguir vinculados a la investigación. Otros cinco continúan en audiencias preliminares.

Los capturados con medida son:

  • Róbinson Javier Celis Pérez, ingeniero del ICA.
  • Buenaventura Ramírez, comerciante y transportador de madera, y señalado tramitador de salvoconductos para el transporte de la madera.
  • Arley García Niño, comerciante de madera y tramitador de salvoconductos.
  • María Leonor Delgado Jaimes, tramitadora de permisos y presunto contacto con el funcionario del ICA capturado.
  • Omar García Niño, comerciante de salvoconductos de madera
  • Grismaldo Gonzalez Tirado, comerciante de madera y tramitador de salvoconductos.

Los delitos imputados son:

  • Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales agravado
  • Cohecho por dar u ofrecer
  • Uso de documento falso
  • Violencia contra servidor público
  • Asonada
  • Concierto para delinquir
  1. CONCEJALES DE FLORIDABLANCA

Hechos: los 18 concejales de Floridablanca (Santander) son investigados por presuntas irregularidades en la elección del personero y el contralor municipal, en 2016.

Resultados: el 15 de julio del presente año, un juez de control de garantías dictó medidas no privativas de la libertad contra los 18 funcionarios.

  • Andrés Norberto Ardila Pérez
  • Juan Carlos Ayala Suárez
  • Néstor Alexander Bohórquez Meza
  • Walter David Durán Prada
  • José Alexander Esparza Martínez
  • Nelson Darío Espitia Rodríguez
  • María Consuelo Galvis Calderón
  • Guillermo González Palomino
  • Edgar Enrique Gómez Silva
  • Claudia Cecilia Hernández Villamizar
  • Liliana Mendoza Rodríguez
  • Marcos Olarte Ramírez
  • Jorge Alberto Pinzón Medina
  • Alirio Pinzón Díaz
  • José Fernando Sánchez Carvajal
  • Alfredo Tarazona Matamoros
  • Juan Ángel Triana Hernández
  • José Nicanor Vera Pedraza

Los procesados enfrentan cargos por:

  • Prevaricato por omisión
  • Fraude en documento procesal
  • Prevaricato por acción y por omisión
  1. CONCEJALES DE SAN GIL

Hechos: la mesa directiva del Concejo de San Gil desacató una orden judicial e incurrió en presuntas irregularidades en el proceso de elección de personero municipal en 2016.

Resultados: el 11 de julio del presente año, la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por omisión a tres concejales:

  • Juan Carlos Sánchez Rodríguez, presidente del Concejo Municipal
  • Carlos Alberto Burgos, integrante de la mesa directiva del Concejo Municipal
  • Ciro Alfonso Moreno, integrante Mesa Directiva Concejo Municipal

Uno de los investigados fue afectado con medida de aseguramiento domiciliaria, los otros dos recibieron medidas no privativas de la libertad.

  1. MEGAOBRAS

Hechos: la Fiscalía investiga posibles irregularidades en dos contratos celebrados por la alcaldía de Bucaramanga, en el año 2014, para la demolición, adecuación y remodelación de varios inmuebles entre la carrera 27 con Quebrada Seca y el Tercer Carril.

El primer contrato fue entregado en licitación pública en 2014, y ascendió a dos mil cuatrocientos millones de pesos ($2.400.000.000). Posteriormente, recibió una adición de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000).

En el 2015, se celebró el segundo contrato a través de selección abreviada por un monto de seiscientos millones de pesos ($600.000.000).

Resultados: el 4 de julio del presente año se imputaron cargos contra:

  • Clemente León Olaya, exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga
  • Édgar Leonardo Gómez Roncancio, contratista y representante legal de la Unión Temporal Construedgo y del Consorcio Demoliciones
  • Edith Constanza Toloza Rojas, interventora del proyecto

Los investigados deberán responder como posibles autores de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

  1. CAPACITACIONES FANTASMA, FUNPROCOM

Hechos: la investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución del  contrato 04280 suscrito el 20 de septiembre de 2013, entre la Secretaría de Interior de la Gobernación de Santander y la Fundación Funprocom para el fortalecimiento de las organizaciones comunales y los líderes institucionales, además de mejorar la capacidad de gestión en las instituciones departamentales. El contrato tuvo un valor de setenta millones de pesos ($70.000.000).

Durante las verificaciones la Fiscalía encontró varias inconsistencias en la documentación que soportaban el proceso de contratación y que las capacitaciones nunca se realizaron.

Resultados: el 21 de junio de 2017, ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material de documento privado.

Los procesados son:

  • Irma Stella Martínez, representante legal de Funprocom, capturada y cobijada con medida de detención domiciliaria.
  • Salvador Plata Serrano, particular interviniente, quien fue capturado y aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que recibió beneficio de detención domiciliaria.
  • Julián Másmela, particular interviniente, fue capturado y enviado a la cárcel.
  • Carlos Augusto Ibáñez, exsecretario de interior de la Gobernación. (citado a imputación)
  • Vanessa Viviana Calderón, supervisora del contrato. (citada a imputación)
  1. AGRO ANCO

Hechos: el objeto del contrato suscrito el 7 de diciembre de 2011, entre la Alcaldía de Bucaramanga y Agro Anco, era el de brindar atención integral a la población afectada por la ola invernal en ese año; sin embargo, la Fiscalía encontró inconsistencias en el desarrollo del mismo, con una apropiación de ciento treinta y dos millones de pesos ($132.000.000).

Resultados: el 15 de agosto de 2017 la Fiscalía imputó cargos por peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público contra:

  • Alexander Suarez Gamboa, representante legal de Agroamco.
  • Fredy Edgar Raguá Casas, supervisor el contrato.
  1. EXALCALDE Y EXSECRETARIO DE CURITÍ

Hechos: en 2007, la Alcaldía de Curití suscribió 110 contratos por un valor de setecientos setenta y dos millones de pesos ($772.000.000), con el objeto de comprar materiales de construcción, sin cumplir con los parámetros establecidos por la Ley.

Resultados: el 4 de septiembre del presente año, la Fiscalía imputó cargos por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales contra los siguientes exfuncionarios:

  • Rafael Ruiz, exalcalde de Curití.
  • Leandro Johanne Vargas, ex secretario de planeación de Curití.
  1. EXSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INTERVENTOR DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ

Hechos: irregularidades encontradas en un contrato suscrito en 2015, por un monto de quinientos treinta y dos millones de pesos ($532.000.000) con el objeto de realizar una red de acueducto y alcantarillado.

Resultados: el 3 de julio del presente año, la Fiscalía imputó cargos contra dos procesados.

  • Ana Milena Cala Gutiérrez, exsecretaria de Planeación, asegurada con medida de detención domiciliaria.
  • Gonzalo Amaya González, interventor, afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los investigados deberán responder por los delitos de:

  • Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales
  • Violación al régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades
  • Peculado por apropiación en grado de tentativa 
  • Falsedad en documento público
  1. FUNDACON

Hechos: el 13 de agosto 2007, la Gobernación de Santander firmó con Fundacon un contrato para la adquisición de regalos para niños del departamento de Santander, por seiscientos millones de pesos ($650.000.000), el cual no fue ejecutado en su totalidad.

Resultados: el 24 de julio la Fiscalía realizó imputación de cargos contra:

  • Holguer Horacio Díaz Hernández, exsecretario de Desarrollo de la Gobernación.
  • María del Pilar Solano Gómez, representante legal de Fundacon.
  • Fanny Gómez de Cárdenas, supervisora del contrato

Los procesados deberán responder por:

  • Peculado por apropiación
  • Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales
  • Falsedad ideológica en documento público
  • Interés indebido en la celebración de contratos

Investigaciones pendientes “Operación  Guane”:

  1. TERMINAL DE TRANSPORTE

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, por el posible delito de peculado.

  1. UNIDADES TECNOLÓGICAS DE FLORIDABLANCA

Investigación por presuntas anomalías en la suscripción y ejecución del contrato de obra para la construcción de las Unidades Tecnológicas de Floridablanca, por valor de ocho mil millones de pesos ($8.000’000.000), cuyas obras no se han entregado pese a que su construcción inició en el año 2009.

  1. VÍA YARIMA

La Fiscalía indaga presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato de pavimentación de la vía Yarima – San Vicente de Chucurí.

  1. ESTADIO

La ciudadanía denunció la celebración y ejecución del contrato para reforzamiento estructural y adecuación de los escenarios de la Villa Olímpica, incluido el estadio departamental.

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