Los bienes pertenecerían a los presuntos integrantes de ‘Los Blanquitos’, una red delincuencial señalada de obtener rentas ilegales de 2.000 millones de pesos semanales.
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos de la venta ilegal de chance.
Las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 1.100 millones de pesos, pertenecerían a los hermanos Martín y José Pacífico Pita Buitrago, presuntos integrantes de ‘Los Blanquitos’, la red delincuencial responsable del ejercicio ilícito del juego de suerte y azar.
Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas por la Sijin de la Policía Nacional en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Bolívar y Norte de Santander. Los mismos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Labores de policía judicial adelantadas por el CTI la Fiscalía y la Sijin de la Policía Metropolitana de Manizales evidenciaron que ‘Los Blanquitos’, al parecer, estaban vinculados a la venta ilegal de chance hace 15 años. Esta actividad delictiva, supuestamente, la ejercían a nivel nacional con el apoyo de 500 personas, quienes cumplían diferentes roles.
Las verificaciones indican que, semanalmente, la organización percibía hasta 2.000 millones de pesos, los cuales eran destinados para sostener el andamiaje criminal y aumentar el patrimonio de los presuntos integrantes.
Este resultado es posible gracias a las acciones investigativas definidas en la operación Argenta, dispuesta por Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear los recursos de las organizaciones criminales
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/PSY/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
