Las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía responden a una compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia en la condena contra el exsenador.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre inmuebles que pertenecerían al exsenador Martín Emilio Morales Diz y algunas personas que hicieron parte de su círculo familiar.

El proceso se originó de una compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exsenador por los delitos de: concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tentativa de homicidio, y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Entre las propiedades afectadas, cuyo valor supera los 1.600 millones de pesos, está una casa ubicada en un conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá; un apartamento, dos parqueaderos y un depósito en un edificio del sector El Recreo de Montería (Córdoba).

Asimismo, se dispuso la suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles en San Antero (Córdoba) que figuraban a nombre de la excónyuge y excuñada de Morales Diz. Estos predios habrían sido adquiridos mientras el excongresista se desempeñó como alcalde de dicha población.

Las investigaciones evidenciaron que uno de estos bienes, un terreno de gran extensión, aparece en el papel como si hubiera sido comprado en 2006 por 100.000 pesos y, posteriormente, transferido a la exesposa de Morales Diz. En las verificaciones se constató que, en realidad, no hubo pago alguno por esta propiedad.

Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

MAGA/JARG/PSY/MCRC

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.