Por solicitud la Fiscalía, un Juez con Funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra Mercedes Yepes Martínez, funcionaria de la Rama Judicial.
El ente investigador imputó a la procesada como presunta responsable de los delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fraude procesal.
Al parecer, entre los meses de agosto y septiembre del 2010 Yepes Martínez, a través de la secretaría del despacho judicial donde laboraba conoció, al menos, 84 tutelas sin que las mismas cumplieran el proceso de reparto ordinario dispuesto en el Centro de Servicios Judiciales.
Se presume que durante la radicación de las tutelas habrían sido falsificadas firmas de los interesados; además de supuestamente adicionarse documentación espuria para justificar la presentación de tales acciones.
La Fiscalía evidenció que las tutelas allegadas al despacho judicial, habrían sido cobijadas con actas de reparto diligenciadas por personas externas al Centro de Servicios, esto con el aval de la procesada quien inició el trámite constitucional. Producto de estas maniobras, se emitieron fallos en contra de las entidades accionadas; varias de ellas empresas de servicios públicos, EPS e IPS.
La investigación permitió conocer que los trámites adelantados por la funcionaria se realizaron, presuntamente, a cambio de dádivas, sumas que fueron establecidas entre 80 y 150 mil pesos; dineros que al parecer eran entregados a ella por particulares en la ventanilla del despacho, quienes también fueron judicializados en otro proceso penal.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/MAGA/AAPF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
