Los procesados fueron imputados por los delitos de cohecho y soborno en la actuación penal.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos García; y del abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, quienes se habrían concertado con otros funcionarios judiciales para dilatar e impedir que avanzara un proceso penal.

Los elementos de prueba permitieron conocer que, en diciembre de 2019, el funcionario judicial, supuestamente, fue contactado para que intercediera ante un fiscal especializado e impidiera la solicitud de captura contra una persona investigada por secuestro y homicidio.

Ríos García, quien era el coordinador URI para temas de feminicidios y homicidios, al parecer, exigió dinero por esa mediación ilegal.

El abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, presuntamente, le pidió $200’000.000 al hombre interesado en frenar la investigación en su contra. Parte de esa suma, exactamente $100’000.000, habrían sido entregados al fiscal seccional a través de una mujer, en dos pagos, uno por $90’000.000 y otro por el excedente.

En ese sentido, un fiscal adscrito al CTI imputó, de acuerdo a su rol y participación en los hechos investigados, los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y soborno en la actuación penal al funcionario judicial y al abogado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. El juez de control de garantías les impuso media de aseguramiento en centro carcelario.

Por disposición del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, son prioridad las acciones investigativas para garantizar los principios de trasparencia y legalidad en la administración de justicia, y en el desempeño de los funcionarios de la entidad.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

LAGP/JARG/DHM/MCRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.