La Fiscalía General de la Nación estableció que 51 convenios habrían sido direccionados para que quedaran en manos de algunas fundaciones sin experiencia. De esta manera se pusieron en riesgo 59 mil millones de pesos de Montelíbano (Córdoba).
La Fiscalía General de la Nación investiga presuntas irregularidades de contratación que se habrían presentado durante las dos últimas administraciones municipales de Montelíbano (Córdoba), desde 2012 hasta la fecha.
De acuerdo con los elementos recopilados, 51 convenios que contemplaban obras de relevancia para la población como redes de acueducto, malla vial y plaza de mercado, fueron adjudicados de forma directa, es decir ‘a dedo’.
Los convenios, cuyo valor ascendía a 59 mil millones de pesos, quedaron en manos de un pequeño grupo de empresas de economía mixta o asociaciones que acreditaban poca experiencia, de tal manera que, al parecer, terminaron por subcontratar con personas naturales la culminación de los proyectos previstos.
Según la legislación actual, las obras públicas no pueden ser entregadas mediante contratación directa, por lo que el proceder de los dos recientes alcaldes de Montelíbano (Córdoba) y varios de sus colaboradores sería ilícito, más aún, después de constatar que varias de las empresas o fundaciones escogidas no tendrían la capacidad para cumplir los objetos de los convenios o serían de papel, porque no existen físicamente o las direcciones suministradas eran falsas.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, a las siguientes personas:
Francisco Daniel Alean Martínez (alcalde actual de Montelíbano)
Gabriel Calle Demoya (alcalde de Montelíbano periodo 2012 – 2016)
Esteban Sossa Uparela (secretario de infraestructura de Montelíbano)
Jaime Ruiz Calle (gerente Empresa de Acueducto Jaguazul S.A. E.S.P.)
Ante la gravedad de los hechos advertidos y la contundencia del material probatorio, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los cuatro procesados; sin embargo, el juez con funciones de control de garantías de Montería consideró que estas personas seguirán vinculadas al proceso mediante el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad que contemplan:
Buena conducta, referida a no realizar convenios durante el proceso.
No salir del país.
No comunicarse con los testigos de la Fiscalía durante el proceso
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
