La Fiscalía General de la Nación judicializó ante un juez de control de garantías, a 5 personas señaladas de utilizar madera, de manera ilícita para la elaboración de carbón vegetal, en jurisdicción del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Según la Fiscalía, los hoy imputados fueron sorprendidos por funcionarios de la Policía Nacional, cuando procesaban 75 metros cúbicos de madera rolliza de Guácimo, sin los permisos correspondientes, en el barrio Aguaclara, sector Siete Vueltas, del municipio en mención. Dicha madera era sometida a un proceso de descomposición química para obtener carbón vegetal.
Las autoridades incautaron una motosierra, la cual era utilizada para el ilícito.
Los hoy imputados son: Hermes Antonio Victoria Gordillo, Luis Alberto Cárdenas Ramírez, Elmer Ríos Rodríguez, José Jair Durán Victoria y José Adoney Torres Hernández.
El ente acusador les formuló imputación de cargos en su contra por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
El juez impartió legalidad al procedimiento de captura y avaló la formulación de cargos comunicada por la Fiscalía.
Los procesados no fueron objeto de medida de aseguramiento, por lo que quedaron en libertad; sin embargo, continúan vinculados al proceso.
Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la seguridad ciudadana, y la protección de los recursos naturales, enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/MG/SMLR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
