Con privación de la libertad consistente en detención domiciliaria fue la decisión de un juez de control de garantías, en contra de 4 personas como presuntas responsables de explotación de minería ilegal, en zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca).

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Estructura de Apoyo, coordinó la diligencia judicial, desarrollada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y Ejército Nacional, en la vereda Santa Lucía del municipio en mención, donde fueron capturados en flagrancia Duverney Yaqui Ramos, Moisés Balanta Díaz, Antonio García Mera y Jesús Alberto Balanta Carabalí, el 24 de marzo pasado.

Según el ente acusador, los procesados al parecer se dedicaban a la explotación ilegal de yacimiento de oro, generando contaminación ambiental en suelo, agua y flora.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 5 motores, con los cuales presuntamente estaban ejecutando la actividad ilegal.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló imputación de cargos de los capturados por los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos; así como explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia institucional de seguridad ciudadana del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir grupos y personas dedicadas a la comisión de ilícitos en el país. 

La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general. 

MAP/RP/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.