La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra la alcaldesa del municipio de Olaya Herrera (Nariño), Elsa Yaneth Mosquera Cabezas, por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, concusión y falsedad en documento público.

Igualmente, el ente acusador le endilgó cargos a Enna Yurley Angulo Grueso, auxiliar contable, por peculado por apropiación, y al contratista Jady Hurtado Vivas, quien al parecer sería hombre de confianza de la alcaldesa, por las conductas de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Los hechos que se investigan iniciaron con el homicidio de Carlos Jimmy Prado Gallardo, líder social del municipio de Olaya Herrera (Nariño) e integrante del Consejo Comunitario de la Asociación de Consejeros Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales en Nariño (Asocoetnar), el 3 de junio de 2018, después de denunciar múltiples irregularidades en los manejos de los recursos de la Alcaldía del citado municipio.

Un fiscal seccional de  la Unidad Especial de Administración Pública de Pasto (Nariño), en articulación con servidores del CTI, mediante labores investigativas como análisis contables, interceptaciones telefónicas y revisión de contratos, evidenciaron la existencia de un supuesto grupo delictivo liderado por la alcaldesa del municipio, que vendría apropiándose de recursos públicos a través de fundaciones y empresas fachadas que no ejecutaban los contratos, por sumas que superan los 900 millones de pesos.

Las capturas fueron efectuadas por servidores del CTI de Nariño, en las últimas horas en esta localidad.

El Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pasto (Nariño), dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria en contra de la mandataria local y el contratista. Por su parte, la otra mujer capturada fue dejada en libertad pero con vinculación al proceso.

La Fiscalía y Procuraduría General de la Nación apelaron la decisión emitida por el juez, por encontrarse involucrados los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de dicho municipio.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

 

MPHA/DLBM