La Fiscalía General de la Nación imputó a 12 suboficiales del Ejército Nacional, tras inferir —mediante elementos probatorios— su posible responsabilidad en prácticas corruptas en los procesos y protocolos de selección del personal para ascensos y cambio de armas en la institución.
El ente acusador advirtió que la imputación de cargos corresponde a la gravedad de las conductas punibles en las que habrían incurrido los uniformados, al vulnerar la fe pública y la confianza que en ellos ha depositado la sociedad.
“La supuesta red criminal exigía a uniformados entre 4 y 5 millones de pesos para beneficiarlos con ascensos y cambio de unidades militares, mediante la falsificación de documentos y trámites realizados por fuera de la ley”, sostuvo el fiscal delegado en este caso.
Para sustentar la petición ante un juez de garantías, la Fiscalía presentó declaraciones de un oficial de gestión de Medicina Laboral del Ejército, quien explicó los requisitos que se deben cumplir para optar para el denominado cambio arma, como los de aptitud psicofísica, y que para las certificaciones es necesario diligenciar fichas médicas con sus respectivos anexos en los establecimientos de sanidad militar y medicina laboral de la institución.
Con este testimonio, el ente investigativo evidenció que se omitieron calificaciones de las aptitudes y los estados de salud de los aspirantes, las cuales debían ser firmadas por médicos o profesionales de la salud como psicólogos, odontólogos y bacteriólogos.
Al término de las diligencias de judicialización, el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y, en consecuencia, los procesados quedaron en libertad pero vinculados a la investigación por los delitos de tráfico de influencias y otros por falsedad por documento público, entre otros de delitos.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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