Ante el Juzgado 46 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de concierto para delinquir, perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante, al alcalde del municipio de Barrancabermeja (Santander), Darío Echeverry Serrano; así como a sus colaboradores Cristian Juliao Camacho, Jhon Jairo Moros y Diego Armando Acosta.
Por otra parte, a la esposa del primer mandatario de municipio Mariluz Núñez Herrera, le fueron endilgadas las conductas de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
La investigación, fundamentada en denuncias, entrevistas y la información entregada por la Misión de Observación Electoral (MOE), da cuenta de una serie de irregularidades registradas seis meses antes de las elecciones de revocatoria del mandato al alcalde local, programadas para el 2 de julio de 2017.
De acuerdo con la argumentación del delegado fiscal, buscaron convencer a los ciudadanos de que no acudieran a las urnas, para no alcanzar el umbral que exige la ley.
Ellos realizaron eventos de carácter religioso mediante los cuales supuestamente obligaron a los sufragantes a permanecer ocupados el día de las elecciones; además, hubo campañas de desinformación, restricción del transporte público el día de la votación y eventos en los que les fue retenida la cédula de ciudadanía a los habitantes para evitar que acudieran a depositar su voto.
Del mismo modo, “se realizó una persecución laboral a quienes estaban a favor de la revocatoria hasta el punto de inducir al despido de 100 integrantes de un sindicato de trabajadores”, aseguró el fiscal al realizar la imputación de cargos.
Agregó el delegado acusador que fue suspendido el pago mensual a una fundación de personas de la tercera edad, por lo que les dejaron de suministrar alimentos a los ancianos, por su interés en apoyar la revocatoria del mandato.
“Se organizaron sancochos en varios puntos de Barrancabermeja para los cuales los líderes sociales daban 500.000 pesos, se realizaron bingos, se organizaron partidos de fútbol, bazares y piques ilegales para retener a los electores”, indicó también el fiscal.
Igualmente, se dedicaron a “amedrentar, amenazar, se utilizaron las redes sociales para hacer fotomontajes para que la gente desconociera el evento democrático”, resaltó.
Finalmente, señaló que “se ejercía presión psicológica a las personas que estaban sometidas bajo su poder en el municipio”.
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