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Fiscalía imputó cargos al alcalde de Florencia (Caquetá) por presuntas irregularidades en contratación para el suministro de asfalto

Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público, la Fiscalía imputó cargos al alcalde de Florencia (Caquetá), Andrés Mauricio Perdomo Lara.

La investigación se relaciona con los hechos ocurridos en el año 2016, cuando el entonces alcalde encargado, Luis Manuel Espinosa Calderón, suscribió un contrato por $914’595.000, que al parecer no se celebró bajo los parámetros que exige la ley, y Perdomo Lara lo ejecutó y liquidó.

El contrato de suministro N° 20160016 con Rocas Minerales S.A.S en el que el representante legal era el señor Diego Alfonso Castañeda Leguízamo, firmado el 26 de septiembre de ese año, tenía como objeto el “suministro de asfalto natural para el mantenimiento y mejoramiento de vías principales en la ciudad, y en los barrios del municipio de Florencia (Caquetá)- del convenio interadministrativo N. 20160010 y mejoramiento y ampliación de obras de infraestructura pública en el municipio de Florencia”.

 La modalidad de contratación era por licitación pública para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa. Las irregularidades radicaron en la supuesta insuficiencia en los estudios previos suscritos por Diego Andrés Cuéllar Silva, secretario de Obras Públicas. Pese a las observaciones efectuadas por algunos interesados en la licitación, se continuó el proceso contractual.

Se evidenció que el pliego de condiciones nadie lo suscribió y era responsabilidad directa del alcalde titular, es decir, de Perdomo Lara, violando así los principios de contratación estatal, planeación, selección objetiva, responsabilidad y transparencia.

De acuerdo con las labores investigativas lideradas por un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, se detectó además que se trató de un proceso de selección ficticio porque antes de suscribir el contrato, en la etapa de trámite, ya se tenía conocimiento de cuál sería el contratista escogido.

Asimismo, se estableció que en el momento de liquidar el contrato no se había cumplido el objeto del mismo; aun así se dijo que estaba a paz y salvo, causando un detrimento patrimonial de $140.085.000.

Por estos hechos, también fue vinculado Diego Andrés Cuéllar Silva, secretario de Obras Públicas, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros.

Entretanto, a Espinosa Calderón, exsecretario de Infraestructura y quien suscribió el contrato en calidad de alcalde encargado, se le endilgaron los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Finalmente, al contratista Castañeda Leguízamo, el ente acusador le formuló cargos por peculado por apropiación.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

 

PAAM/DLBM

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