En las audiencias concentradas la Fiscalía apeló la decisión del juez de control de garantías que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad contra los procesados.
La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión adoptada por el Juzgado 78 de control de garantías de Bogotá, que impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Carlos Eduardo Ágredo Hoyos, José David Hoyos Avilés y Luis España Piza, tres abogados presuntos integrantes de una red criminal denominada Los Tutelantes, que supuestamente tramitaba beneficios judiciales y traslados de cárceles para personas de alto perfil criminal.
Un juez de conocimiento, en segunda instancia, atenderá la solicitud de la Fiscalía y definirá si revoca o mantiene la decisión que dejó en libertad a los procesados con ciertas restricciones como no salir del país.
A los tres abogados la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La investigación priorizada por el plan Bolsillos de Cristal permitió establecer que, desde el año 2015, una estructura criminal habría pagado a funcionarios de varias instituciones como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y cárceles municipales, para conseguir documentación, certificaciones y autorizaciones que respaldaran los beneficios judiciales que tramitaban a nombre de personas con un alto perfil criminal.
Los elementos recopilados permitieron conocer que los abogados presentaban tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información inexistente, cartas de secretarios de gobierno y directores de cárceles, y certificaciones de testigos fallecidos.
Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal de control de garantías de esa ciudad. Allí, bajo el supuesto consentimiento del juez y en coordinación con algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de traslado de reclusos a cárceles de baja complejidad en Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.
Por los mismos hechos, otras 19 personas han sido judicializadas.
MAP/JARG
