Las evidencias recopiladas pusieron al descubierto casos ocurridos entre 1997 y 2005.

Durante su participación en la Segunda Mesa de Protección a la Vida que se cumple en Apartadó (Antioquia) y en la que participan varias autoridades comprometidas con la protección de los líderes sociales, la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, reveló importantes resultados obtenidos en juicio y que han permitido obtener sanciones  contra los responsables de uno de los hechos violentos que ha afectado la tranquilidad de las comunidades en la zona del Urabá antioqueño y chocoano.

En los últimos dos años, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otras instancias judiciales, la Fiscalía ha logrado condenas contra 39 palmicultores por la ocupación ilegal de tierras entre 1997 y 2005 en el Bajo Atrato. Las pruebas aportadas demostraron las participación de estas personas en los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Con estos fallos, se reafirmó la hipótesis de la Fiscalía sobre un plan criminal orquestado por algunos palmicultores de la región para amenazar y obligar el éxodo de pobladores y reclamantes de tierras, con el ánimo de quedarse con extensiones de terrenos fértiles y aptos para su actividad agrícola.

La Vicefiscal General reveló que por esta misma actividad ilícita y constreñimiento a las poblaciones, la entidad adelanta procesos investigativos y de judicialización de empresarios dedicados a la ganadería extensiva.

Investigaciones por victimización de líderes de restitución de tierras en Antioquia y Chocó

La Fiscalía General de la Nación identificó un fenómeno criminal, en el que grupos armados emergentes se disputan violentamente las rentas ilícitas que las desmovilizadas Farc dejaron en Antioquia y Chocó, lo que se ha convertido en un escenario de amenaza y zozobra para las personas que defienden la restitución de tierras.

“Hemos advertido que, como consecuencia de estos fenómenos, un sector de la población ha terminado siendo potencialmente vulnerable, son justamente los defensores de derechos humanos en el Urabá antioqueño y chocoano, donde se han obtenido importantes resultados en el desmantelamiento de la estructura criminal que delinque en los municipios de Chigorodó y Carepa, Antioquia. Asimismo, se ha obtenido suficiente material probatorio contra personas que delinquen en el corredor vial entre el municipio de Mutatá, Belén de Bajirá y Riosucio, en Chocó”, señaló la Vicefiscal, María Paulina Riveros, ante los asistentes a la Segunda Mesa de Protección a la Vida.

En las investigaciones asumidas por la Fiscalía, también se ha advertido que el denominado Clan del Golfo ejerce presencia con diferentes estructuras en la región del Urabá chocoano y antioqueño, y “han adoptado los modelos de organización y funcionamiento propio de los grupos paramilitares, lo que ha permitido un control territorial y social en la zona”, reveló la Vicefiscal María Paulina Riveros.

Avances en investigaciones por homicidios de líderes sociales

La Fiscalía ha logrado un porcentaje histórico en el esclarecimiento de homicidios contra defensores de derechos humanos, que hoy se ubica en el 50%.

En 93 de los 194 casos reportados por las Naciones Unidas, han sido vinculadas 208 personas a las investigaciones, se han hecho efectivas 250 capturas y los jueces han emitido 19 sentencias condenatorias.

Este promedio es altamente relevante, si se tiene en cuenta que la tasa de esclarecimiento de homicidios a nivel país es de 23 %.

 

LCH/JARG