El exalcalde Totoró  (Cauca), Hermenegildo Benachi Bello, es investigado por los mismos hechos.

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales contra el contratista Alexander Mazabuel Quilindo y el supervisor del contrato Juan Pablo Ordóñez Dulvey.

La decisión se adoptó por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato para la construcción de varias unidades sanitarias en un resguardo indígena ubicado en la jurisdicción del municipio de Totoró (Cauca).

De acuerdo con la investigación, el 27 de abril de 2010 fue suscrito el contrato No. C4-006, entre el municipio en mención y Alexander Mazabuel Quilindo con el objeto de construir unidades sanitarias en la vereda Buenavista resguardo indígena de Paniquita.

El valor del contrato alcanzó los 10 millones de pesos y se fijó un plazo de 30 días para satisfacer las necesidades de las 20 familias de la localidad.

En criterio de la Fiscalía el objeto del contrato no se habría cumplido a cabalidad, al parecer, porque el contratista  no habría entregado dos hojas de zin, un sanitario y tubería para que cada beneficiario realizara la instalación de las baterías sanitarias.

No obstante, tanto el alcalde de ese entonces, Hermenegildo Benachi Bello, como el supervisor del contrato, Ordóñez Dulvey, habrían certificado los informes y actas de liquidación aduciendo que dicho contrato se había cumplido a cabalidad.

Los hoy imputados no fueron objeto de medida de aseguramiento; sin embargo, continúan vinculados al proceso.

Por los mismos hechos, la Fiscalía formuló cargos en contra del exalcalde de Totoró, Hermenegildo Benachi Bello, el 26 de noviembre de 2018.

La Fiscalía General hace pública esta información por razones de interés general.

 

MAP/MAGA