El contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas pretendía reducir la contaminación del río Bogotá, pero la Fiscalía encontró que el proyecto fue afectado por un peculado cercano a los $49.000’000.000 en anticipos   

Ante el Juzgado 20 Penal de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al ingeniero Orlando Fajardo Castillo, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en provecho propio y de terceros, en concurso con peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, en circunstancias de mayor punibilidad.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2009 y 2010. El empresario Fajardo Castillo, en compañía de varios directivos y funcionarios de la Empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá (EAB-ESP) y personas particulares, habría concertado un supuesto favorecimiento para quedarse con el contrato 1115 de 2009, cuyo objeto era la construcción del interceptor Tunjuelo – Canoas, que hace parte del proyecto de descontaminación del río Bogotá.

Durante la audiencia, la Fiscalía recalcó que el contrato fue suscrito por un valor de $243.000’000.000 y se habría presentado una apropiación indebida de los dineros públicos pagados como anticipo, que ascendieron a $49.000’000.000.

De acuerdo con la delegada de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el empresario supuestamente se confabuló con funcionarios de Bogotá y directivos de la firma Odebrecht; adicionalmente coordinó e hizo ofrecimientos económicos al señor Manuel Hernando Sánchez Castro, quien representaba en ese momento los intereses del otro oferente, la Unión Temporal Cartellone – Arquitectura & Concreto.

“Se le dijo a Sánchez Castro que mantuviera un actitud pasiva de representación, sin intervención tendiente a paralizar el trámite de la licitación y facilitar la adjudicación de ese contrato al Consorcio Tunjuelo – Canoas”, señaló la fiscal en su acusación.

En ese sentido, Orlando Fajardo Castillo, una vez le adjudicaron el contrato, supuestamente pagó $255’000.000 al señor Manuel Sánchez Castro, por el apoyo brindado.

La Fiscalía explicó que el empresario mostró su interés en el contrato Tunjuelo – Canoas y en la empresa Cass Constructores, representada por otros empresarios investigados, con el fin de suministrar información privilegiada y así descalificar a los otros proponentes, antes de iniciar el proceso de licitación.

Fajardo Castillo, ingeniero civil de profesión, no aceptó los cargos y seguirá privado de la libertad en un centro de reclusión de Bogotá.

 

CMRM/JARG